La Ley de Herodes

El día 19 de septiembre de 1985, el Distrito Federal fue testigo de uno de los desastres naturales más grandes en la historia de nuestro país. Un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter hizo colapsar a decenas de edificios, dejó inhabitables a otros tantos y provocó la muerte de miles de personas que quedaron sepultadas bajo los escombros. Otros tantos perdieron sus hogares para siempre.

Uno de los edificios que quedó inhabitable por riesgo de colapso inminente fue el ubicado en el número 28 de Aquiles Serdán, no obstante lo anterior, un hombre le ordenó a un grupo de luchadores que se metieran al mismo para rescatar SUS PERTENENCIAS. Afortunadamente, pudo más la cordura y el instinto de supervivencia que el temor histórico que los miembros del gremio sentían hacia este hombre quien, en un alarde de despotismo y de claro desprecio por la vida, tachó de cobardes a este grupo de luchadores e incluso tuvo el cinismo de dejar constancia de este hecho en sus memorias. ¿De quién estoy hablando? De nada menos que de Rafael Barradas Osorio, otrora miembro de la extinta comisión de Box y Lucha del Departamento del Distrito Federal y a menudo tildado como “Comisionado de Hierro” como si su nombre fuera sinónimo de la exacta aplicación de la ley.

La imagen histórica de Rafael Barradas Osorio es una visión oficialista que no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, a menudo se le describe como “un hombre que hacía respetar los reglamentos” cuando fue exactamente lo opuesto. En efecto, al vergonzoso episodio narrado al principio del presente escrito habría que añadir su nepotismo y su tráfico de influencias.

La Fraternidad del Santo es un ejemplo de ello ya que la misma suele ser descrita como el arquetipo de las empresas de lucha libre y modelo a seguir por cuanto hace el trato hacia los luchadores cuando, en realidad, su constitución representó un acto de corrupción. En efecto, Rodolfo Guzmán solo era un prestanombres mientras que el verdadero líder del proyecto era Barradas. En paralelo de la estructura de la comisión de Box y Lucha se creó una asociación privada en donde participaban servidores públicos en activo tales como el propio Barradas, Horacio Ramírez Mercado y Fernando Buenabad, lo que les generaba una ventaja competitiva y en donde cínicamente fungían como jueces y parte. El verdadero papel de dicha fraternidad queda claro cuando se subraya el hecho de que el edificio citado en líneas anteriores era la sede de la misma y que el patrimonio al interior no era propiedad de dicha asociación, sino de Barradas Osorio.

Buena parte de la distorsión de la imagen de Rafael Barradas tiene que ver con el inconmensurable poder que tenía en tiempos en donde el despotismo y el autoritarismo era la constante entre los servidores públicos. Más que un hombre respetable era uno temible y por ello era común que los editores solieran tratarlo con la salameria propia de la época y no decirle sus verdades.

¿Respeto por los reglamentos? ¿Cuáles? Al contrario, era un déspota, un “Varguitas” que bajo la venía de Luis Spota inventaban reglas a su antojo, por tanto, su actuar como servidores públicos era completamente ANTI CONSTITUCIONAL. La comisión precedida por  Spota y de la cual Barradas fungía como comisionado, se encontraba en un vació legal consistente en la inexistencia de un marco jurídico que les autorizara a realizar sus actos e imponer sanciones, luego entonces, los mismos carecían de fundamento legal alguno. No obstante lo anterior, esto no era impedimento para que sus actos invadieran la esfera de otras autoridades y que incluso violaran derechos plasmados en la constitución tanto a luchadores como empresarios e incluso aficionados.

Durante la faraónica gestión del binomio Spota-Barradas, JAMÁS existió ningún decreto presidencial que prohibiera las transmisiones por televisión, ni el derecho al trabajo de las luchadoras en la capital del país y mucho menos que prohibiera el acceso de los menores a las funciones de lucha libre, ¿Qué hubo entonces? Actos de autoritarismo carentes de sustento legal alguno y abiertamente inconstitucionales que con mezquinos fines fueron dictados por auténticos sátrapas como Spota y Barradas. Es por lo anterior que seguir hablando de decretos y vetos presidenciales es atribuirles un marco jurídico con el que nunca contaron pues sus actuaciones más famosas se hicieron al margen de la ley.

Pensar que todo tiempo anterior fue mejor es algo propio de todas las generaciones, sin embargo, no deja de ser irrisorio que algunos de los más viejos citen como ejemplos de rectitud y con cierta nostalgia a tipos como Barradas e incluso a Ernesto Uruchurtu (el regente de Hierro), siendo que lo que menos hacían estos era respetar a las leyes y reglamentos.

Dicen que a las personas las conoces por sus actos y por eso quise iniciar este escrito con la anécdota que en su momento confesó un indignado Barradas. Luego de eso, cualquier supuesto ánimo de fraternidad y rectitud suyos quedan bajo escombros.